Europa
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El último giro en la saga del despliegue de la de vacunas ha puesto de manifiesto las contradicciones dentro de la Unión Europea y los límites del mercado capitalista para hacer frente a una crisis. En los últimos días, hemos sido testigos del inicio de un choque entre la UE y el Reino Unido, y dentro de la UE, algo que empieza a recordarnos a la crisis de la deuda de 2011-2012.

Como publicamos hace casi un mes: “Con la vacuna COVID-19 de Oxford/AstraZeneca recientemente aprobada para su uso en el Reino Unido; y los productos de Pfizer/BioNTech, Moderna y otros que ya se están administrando en todo el mundo, uno podría pensar que nos estamos acercando al final de esta pandemia. Sin embargo, los farmacéuticos que especulan y los representantes políticos de la clase dominante están haciendo una chapuza en el despliegue en algunos de los países más afectados. En su prisa por volver a la "normalidad" y hacer que la economía vuelva a funcionar, están ignorando la ciencia y recortando los gastos, poniendo así vidas en peligro.”

Las grandes farmacéuticas han estado "haciendo economía" de una manera especialmente escandalosa, demostrando que su papel en la sociedad no es el de proporcionar medicamentos según la necesidad social, ni ningún otro objetivo filantrópico, sino el de obtener beneficios y pagar dividendos, como han demostrado desde el comienzo de la crisis. ¡Para eso están las multinacionales privadas!

Dejadas a las fuerzas del mercado

A finales de 2020, Der Spiegel informó de que Pfizer estaba negociando con la Agencia Europea del Medicamento (AEM) la posibilidad de extraer una sexta dosis de cada frasco producido [ndt esta semana unos médicos finlandeses han llegado a extraer la séptima dosis]. Esto podría haber supuesto un aumento de la velocidad de aplicación de la vacuna en un 20%. En una economía planificada esto habría sido una excelente noticia, pero, aunque inicialmente Pfizer anunció que esto no cambiaría sus planes económicos y que se haría para aumentar la capacidad de vacunación, la realidad es que Pfizer modificó rápidamente sus entregas a la Unión Europea.

Pfizer revisó sus entregas a la baja, estimando que el acuerdo era por dosis y no por frasco. Dicho acto aumentó inmediatamente sus beneficios en un 17%. Poco importan las quejas de los trabajadores sanitarios de que la extracción de la sexta dosis es un proceso difícil y largo, que hace recaer toda la carga sobre sus hombros y en los sistemas de salud pública ya sobrecargados. Pfizer anunció que produciría 100 millones de frascos en su primer lote, en lugar de los 120 millones acordados. ¿Qué pasaría con los 20 millones de dosis a 12 euros por dosis? Pfizer las vendería al mejor postor en el mercado internacional. Los acuerdos secretos entre Pfizer y la Comisión Europea sobre los precios de las vacunas sólo se hicieron públicos gracias a un tuit filtrado y posteriormente borrado de la ministra belga Eva de Bleeker.

Por ahora, sólo Italia, bajo la presión de las asociaciones de consumidores, tiene previsto llevar a Pfizer a los tribunales. Bélgica, donde se produce la vacuna, prefiere no litigar, probablemente por temor a que Pfizer decida trasladar la producción. El gobierno francés ha negociado un acuerdo por el que Sanofi producirá y distribuirá la vacuna de Pfizer, sin embargo, el gobierno de Macron tiene poco interés en defender los intereses de sus ciudadanos y un importante interés en defender a su "campeón nacional", Sanofi.

AstraZeneca también ha compartido el protagonismo últimamente. En vísperas de la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, su director general, Pascal Soriot, concedió una escandalosa entrevista a Reppublica, en la que además de arremeter contra la UE por su retraso en comparación con el Reino Unido, que firmó el contrato 3 meses antes, dijo que "la gente se está volviendo demasiado emocional" al decir que producen la vacuna para "la humanidad" y no para obtener beneficios.

Esto llevó a los funcionarios de la Comisión y a los representantes de los estados de la UE a especular con la posibilidad de que AstraZeneca hubiera enviado las dosis fabricadas en Bélgica a otros clientes, al darse cuenta de que la producción no avanzaba lo suficientemente rápido. AstraZeneca intentó evitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales con la UE, que había realizado un pago anticipado de cientos de millones de euros. En otras palabras, AstraZeneca estaría especulando con su vacuna y ayudándose del dinero público ofrecido por la UE.

En una controvertida reunión celebrada el 25 de enero entre funcionarios de los Estados miembros y de la UE, y representantes del conglomerado farmacéutico británico-sueco AstraZeneca, se informó a Bruselas de que la producción de la vacuna estaría muy por debajo de sus obligaciones contractuales. AstraZeneca estaba jugando al gato y al ratón con la UE y se mantenía firme en su postura, afirmando que el contrato sólo le pide que suministre a su "mejor esfuerzo". Esto provocó otra disputa pública entre los funcionarios de la UE y la empresa.

Dado que los contratos negociados permanecen en secreto o se publican con la mitad de su texto oculto, sólo se puede especular sobre quién está diciendo la verdad. ¿Pero por qué iba a mentir la farmacéutica cuando el riesgo es publicar un contrato? La cuestión es que la Comisión Europea ha demostrado su incapacidad para negociar contratos pensando en la salud pública, y sólo parece capaz de negociar cuando esto beneficia a las grandes farmacéuticas, ¡algo que la UE ha estado haciendo durante las últimas siete décadas! La cuestión es que los intereses de algunas empresas farmacéuticas entran en contradicción con el interés nacional de algunos miembros de la Unión Europea; éste es el nudo gordiano al que se enfrenta la Comisión una y otra vez.

Al mismo tiempo, Hungría ya ha anunciado que comprará las vacunas a Rusia y China a pesar de la falta de aprobación (o incluso de solicitud de aprobación en el caso chino) por parte de la Agencia Europea que los autoriza. A pesar de que Sandra Gallina, la negociadora de los contratos entre la UE y las grandes farmacéuticas, anunció el 12 de enero que no tenía conocimiento de ningún otro contrato más allá de los negociados por la Comisión y que si existieran, dijo, serían contrarios al Tratado (TFUE). Hasta ahora, Hungría no parece preocuparse por las posibles sanciones de la UE.

La situación se ha convertido en "una sálvase quien pueda", que es precisamente lo que ocurre en la Unión Europea cada vez que hay un problema. La élite gobernante alemana cuenta con su influencia nacional y con el hecho de que la vacuna de Pfizer se hizo con una ‘start up’ alemana para desplegarla lo antes posible. No parecen interesados en ningún tipo de "solidaridad europea". El gobierno húngaro parece haberlo entendido y por ello actúa de forma independiente, evidentemente sin entender las consecuencias duraderas de ello.

Cada vez está más claro que la llamada "unidad europea" se rompe en cuanto hay una crisis, y la pandemia de COVID19 no ha sido diferente. A estas alturas del despliegue de la vacuna, vemos como cada estado miembro significativo está tratando el tema de manera individual y dejan a la Comisión Europea como un buzón de sus necesidades individuales.

Casi un año después de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara la COVID19 como una pandemia mundial, la Comisión Europea comenzó a proponer normas europeas para los viajes de los ciudadanos de la UE. Hasta ahora, todas las medidas se han tomado a nivel nacional, sin ninguna consulta ni coordinación efectiva entre los Estados miembros.

¡Y ahora los controles!

La Unión Europea es ante todo una zona de libre comercio y un mercado. 70 años de integración europea han creado un club cuyos miembros se ven obligados a llegar a acuerdos para poder pesar en los mercados mundiales. Pero la historia está llena de acontecimientos extraños. La crisis actual empujó a la Unión Europea a proponer controles de exportación para garantizar que Pfizer, AstraZeneca, etc. no exporten parte de la vacuna al extranjero.

Esto generó inmediatamente un conflicto entre la Unión Europea y el Reino Unido, sólo 3 semanas después de la retirada de este último de la UE.

Aunque los controles del comercio exterior son la antítesis de todo lo que defiende la Comisión Europea, la tozuda realidad es que para mantener una pretensión de control tuvieron que proponer un mecanismo para asegurar que la producción de vacunas se quedaba en el seno de la Unión. El mecanismo fue anunciado por la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, el viernes 29 de enero y en 48 horas tuvo que dar marcha atrás debido a las quejas del gobierno irlandés, las amenazas de represalias del Reino Unido y las críticas dentro de la Comisión Europea de quienes lo consideran, con razón, una carga para el concurrencia libre y sin trabas.

El TD (primer ministro) irlandés se apresuró a llamar a Ursual Von der Leyen para quejarse del uso del artículo 16 del acuerdo del Brexit entre la UE y el Reino Unido que iba a imponer el control de la frontera entre el Reino Unido e Irlanda. Esta respuesta fue mucho más rápida que hace diez años, cuando la economía irlandesa entró en bancarrota, lo que pone de manifiesto lo delicado que va a ser el tema de la frontera en los próximos meses, una vez que el acuerdo del Brexit se aplique plenamente. Como dijo Micheál Martin TD, la cuestión tiene "implicaciones políticas explosivas".

Como hemos dicho antes, la Comisión Europea se enfrenta al irresoluble problema de representar los intereses de las grandes farmaceuticas, apaciguar las diferencias entre los distintos miembros del bloque y mantener una pretensión pública de preocuparse por los millones de europeos infectados por el COVID. Esto es imposible; no se puede servir a dos amos. O defienden los beneficios de las grandes multinacionales farmacéuticas o crean un plan para desplegar la vacuna a escala masiva en todo el continente. Por supuesto, su elección estaba hecha desde el principio, y los lectores sabrán cuál fue la elegida, y para tal crisis el hecho de que la UE sea un mercado y no tenga herramientas directas de acción, hace que sus grandes declaraciones sean ridículas una vez comparadas con la realidad sobre el terreno.

La izquierda y la nacionalización

Esta situación está hecha a la medida para que la izquierda lo aproveche. La necesidad de la nacionalización de la industria farmacéutica nunca se ha planteado de manera tan clara. El hecho de que la prensa burguesa discuta, preventivamente, por qué hay que rechazar tal mediada ha, de hecho, abierto el debate. Libération, antaño un periódico de izquierdas en Francia, hoy la voz de la burguesía liberal publicó hace tan sólo unos días un artículo en el que se preguntaba si era necesario nacionalizar.

El corresponsal de Bruselas que escribe el artículo acaba defendiendo el actual modo de producción, así como la austeridad. Como era de esperar, el artículo afirma: "La única manera de satisfacer la inmensa necesidad de vacunas es, por lo tanto, aumentar las líneas de producción con las empresas que tienen la capacidad. Este es el camino elegido por la francesa Sanofi, que producirá la vacuna de BioNTech-Pfizer a partir de este verano, y por Recipharm, que ha llegado a un acuerdo con Moderna". El hecho de que el periódico haya comentado de esta manera es significativo.

Lo que ha faltado hasta ahora son los llamamientos a la nacionalización por parte de los representantes electos de los llamados partidos comunistas o de la izquierda radical, tanto a nivel nacional como en el Parlamento Europeo. Se puede suponer que los partidos socialistas continentales han olvidado hace tiempo tales reivindicaciones, pero tras la crisis económica de 2008 hemos visto una cierta radicalización y la creación de nuevos partidos "radicales", cuyo silencio es notable. Muy pocos avanzan en la reivindicación de la nacionalización. Los dirigentes sindicales también son extremadamente tímidos a la hora de plantear la reivindicación, quejándose tristemente de la falta de transparencia y de la necesidad de un enfoque diferente, como si este sistema permitiera tales cosas.

En Francia, la gigantesca multinacional Sanofi ha anunciado el despido de 400 trabajadores el departamento de investigación, justo en el mismo momento en que el gobierno está negociando un acuerdo para producir la vacuna de Pfizer, ¡y sin embargo la CGT no ha salido con una demanda de nacionalización!

Hasta ahora, la mayoría de la izquierda y los sindicatos han pedido que se presione a la OMC para que aplique la suspensión del ADPIC [TRIPS por sus siglas en inglés] (el acuerdo de la OMC que protege el derecho a las vacunas) para la vacuna y los medicamentos COVID y que se firme una Iniciativa Ciudadana Europea para legislar sobre los derechos a las vacunas. Un historial bastante pobre para la peor pandemia de la historia reciente.

La eurodiputada comunista Sira Rigo y el eurodiputado del PTB/PVDA (una organización comunista belga) Marc Botenga escribieron un artículo de opinión en Público el pasado fin de semana en el que su principal demanda es la siguiente: “Pese a lo que pueda parecer, no estamos en absoluto desprotegidos frente a la industria farmacéutica. Simplemente hay que actuar con los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Está claro que necesitamos la producción de Pfizer y AstraZeneca, entre otras, y que los costes reales de producción pueden compensarse. Pero ya hemos pagado cuatro veces por la vacuna. Al acabar con su monopolio, podríamos aumentar rápidamente la producción. Eso significaría menos dividendos para los accionistas de las empresas farmacéuticas, sí, pero más vacunas para todas y todos y salvar vidas en Europa y en el resto del mundo. Las herramientas técnicas y políticas están sobre la mesa. Es el momento de utilizarlas.”

Recordemos lo que decía Trotsky en el Programa de Transición sobre este tipo de demandas en ciertos momentos:

El programa socialista de la expropiación, vale decir, de la destrucción política de la burguesía y de la liquidación de su dominación económica, no puede, en ningún caso, constituir un obstáculo en el presente período de transición, bajo diversos pretextos, a la reivindicación de la expropiación de ciertas ramas de la industria, vitalísima para la existencia nacional de los grupos más parasitarios de la burguesía. (…) La necesidad de lanzar la consigna de la expropiación en la agitación cotidiana, por consecuencia, de una manera fraccionada, y no solamente desde un punto de vista de propaganda, bajo su forma general, es provocada porque las diversas ramas de la industria se encuentran en un distinto nivel de desarrollo, ocupan lugares diferentes en la vida de la sociedad y pasan por diferentes etapas de la lucha de clases. Sólo el ascenso revolucionario general del proletariado puede poner la expropiación general de la burguesía en el orden del día. El objeto de las reivindicaciones transitorias es el de preparar al proletariado a la resolución de esta tarea.”

La actual crisis de la Unión Europea y la pandemia del COVID19 deberían ser una oportunidad de oro para presentar una alternativa al actual sistema económico y no construir ilusiones sobre las "herramientas existentes dentro del sistema".

Lo que hay que hacer, en cambio, es poner de relieve el verdadero origen de esta crisis: el sistema capitalista y sus desventurados representantes políticos. Y plantear la demanda de nacionalización de la industria farmacéutica sin compensación, para darnos una solución real a la pandemia.

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