Análisis Político
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La derecha y el ala “dura” del régimen están utilizando el aparato del Estado como un ariete contra el gobierno y las conquistas sociales avanzadas alcanzadas por la clase trabajadora, por eso se obstinan en tenerlo firmemente bajo su control. En este aparato del Estado, plagado de franquistas y reaccionarios, está destacándose particularmente la casta judicial, que está revelándose como un enemigo descarado del que la clase obrera debe tomar nota.

A la derecha se le está haciendo larga la travesía de la pandemia. Esperaba aprovechar el malestar con el sufrimiento masivo causado por la doble crisis sanitaria y económica, para desgastar rápidamente al gobierno y hacerlo caer. Incluso asuntos como la cuestión catalana y los indultos a los presos políticos, tan de su gusto, parecían venirle a la derecha como anillo al dedo para acelerar este proceso. Pero ha sido en vano. La limitada capacidad de movilización de la derecha quedó ampliamente expuesta el pasado 13 de junio en Madrid, cuando apenas pudo juntar 20.000 personas contra los indultos a los presos del Procés.

La derecha en dificultades

Las victorias electorales de la derecha casi siempre estuvieron precedidas de masivas movilizaciones populares contra las traiciones e insuficiencias de los gobiernos socialistas. Carente de una base social propia consistente, la derecha se impulsaba electoralmente sobre la movilización de masas de unas bases sociales de izquierda huérfanas y desencantadas.

Veinte meses después de la toma de posesión del gobierno PSOE-UP, las masas de la clase trabajadora y de la juventud, aun con malestar y apretar de dientes, no han desplegado todavía sus energías de lucha. El gobierno puede convencer poco o regular, pero la derecha es vista con enorme inquietud e, incluso, odio.

Tampoco tiene suerte la derecha con los grandes empresarios. La gran burguesía española no tiene que temer seriamente al gobierno de Sánchez, y no tiene prisa por sacudírselo de encima. Y ahora está ilusionada con la millonada que espera recibir de los fondos europeos. A las eléctricas, la ministra Ribera sólo pide “empatía social” para que moderen los precios de la luz, pero descarta intervenir el oligopolio eléctrico y sus beneficios. La ley de “Riders”, que iba a proteger a los trabajadores de envíos a domicilio y eliminar los “falsos autónomos”, está plagada de agujeros que las empresas están aprovechando para que nada cambie. Y son los trabajadores quienes están peleando empresa por empresa, para que se implante efectivamente.

El ariete del aparato judicial

Así las cosas, el único ariete contra el gobierno disponible para la derecha y el ala “dura” del régimen es la utilización de un aparato del Estado plagado de franquistas y reaccionarios. Particularmente, se destaca el aparato judicial, que está revelándose como un enemigo descarado del que la clase obrera debe tomar nota.

El aparato del Estado sirve a la clase dominante, pero tiene intereses propios que no siempre están en sintonía con los de sus amos en las grandes empresas. Ya desde el siglo XIX fue forjado, en el caso de España, sobre la opresión y la represión más encarnizada de las masas populares, a las que teme y odia sin disimulos. 

Todos estos jueces y fiscales de los altos tribunales y de las audiencias provinciales, los generalotes del ejército y la guardia civil, los mandos policiales, los altos funcionarios de la Administración y del cuerpo diplomático, constituyen una casta hereditaria que tiene enormes privilegios, sueldazos y prebendas que defender. Necesitan disponer de la aureola de “intocables”, de preservadores del régimen, lo que ellos llaman España y que no es más que el conjunto organizado y reglado de sus privilegios, a cuyo frente se sitúa la cabeza coronada del inquilino de la Zarzuela, Felipe VI.

Claro está que la clase dominante necesita preservar este aparato de Estado para que se enfrente cotidianamente a las amenazas que socavan la estabilidad social, por eso se esfuerza constantemente en elevar su prestigio y autoridad moral.

Una retahíla de atropellos

La actual arremetida del aparato judicial, en connivencia con la derecha, llega a todos los frentes.

La batalla mayor está dándose alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría derechista, cuya función principal es el nombramiento y ascenso de los jueces. Lleva 3 años con el mandato vencido, y hasta hace unos meses estuvo renovando con jueces derechistas todas las instancias de la judicatura española, reforzando su carácter reaccionario. Se necesitan 2/3 del voto favorable del Congreso para renovarlo, lo cual hace indispensable el apoyo del PP que se niega rotundamente, en una actuación claramente golpista, siendo la derecha una minoría en el Congreso y en la sociedad española. 

Lamentablemente, de manera cobarde, Sánchez se negó a cambiar la ley para permitir la renovación del CGPJ por simple mayoría absoluta del Congreso, que sería lo democrático, como insistió Unidas Podemos.

La derecha y el régimen aprovechan esta hegemonía en el aparato judicial, que escapa al control popular, para conspirar y socavar a la mayoría progresista y de izquierdas de la sociedad española, aplicando y retorciendo arbitrariamente la legislación para sus sucios intereses. Nosotros ns oponemos al intento del PP y de las asociaciones corporativas de los jueces de que sean éstos quienes elijan el 50% del CGPJ, porque siendo un cuerpo mayoritaria y orgullosamente reaccionario, eso le aseguraría a nuestro enemigo de clase la mayoría automática en este órgano.

La lista de atropellos y abusos es interminable. En abril, ordenaron reponer en su puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid, al conspirador y franquista Pérez de los Cobos, que había sido destituido de ese puesto por el gobierno. En Madrid, Oviedo y otras ciudades los jueces están reponiendo el callejero franquista violando la Ley de Memoria Histórica.

En mayo, la Audiencia de A Coruña decretó la entrega a los Franco del mobiliario del Pazo de Meirás, tras haber sido expropiado por el Estado, incluidas la rica biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán y las dos estatuas saqueadas por el dictador al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.

El Tribunal Constitucional (TC), con un tercio de sus integrantes con el mandato caducado, decretó la inconstitucionalidad del Estado de Alarma aplicado por la pandemia porque introducía algunas limitaciones a los derechos democráticos. En su lugar, el TC insta a aplicar el Estado de Excepción en situaciones de pandemia. Eso implica la anulación completa de los derechos democráticos, dejando sentado este precedente con el aplauso de la ultraderecha de Vox.

Un caso particularmente escandaloso fue la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desestimar la denuncia contra Vox por su cartel electoral contra los menores inmigrantes no acompañados (MENAS) alojados en albergues oficiales, porque "representan un evidente problema social y político".

Otro conjunto de medidas y sentencias han tenido como fin proteger a los suyos en la derecha y las grandes empresas. Así, el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid desestimó la querella contra la dirigente regional de Vox, Rocío Monasterio, acusada de falsedad documental por firmar sus trabajos como arquitecta sin tener la titulación oficial. Su argumento, escandaloso, fue que dicha falsedad era “tan burda” ¡que no podía engañar a nadie! O sea, se desestima un delito probado ¡por la estupidez de las víctimas que estaban obligadas a percibir el engaño!

Un caso similar ha tenido como protagonista al derechista juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del caso Kitchen. Tiene a cargo la instrucción del caso de la contratación por parte del gobierno del PP, con fondos públicos, de los servicios del famoso excomisario Villarejo para que le robara al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la documentación en su poder sobre la financiación corrupta del partido. Se ha constatado que la entonces secretaria general del PP y exministra, García de Cospedal, se reunió una decena de veces con Villarejo en la sede del partido, pero el juez extrañamente no lo considera suficiente para implicarla en el caso y la ha exculpado.

Este mismo juez ha exculpado igualmente a jefazos del IBEX, como isidro Fainé de Caixabank y Antonio Brufau de Repsol, por contratar a Villarejo para que espiara a empresarios rivales, políticos y periodistas. Esto muestra igualmente cómo las prácticas mafiosas alcanzan a los altos capitostes del capitalismo español.

Por supuesto, ni la fiscalía del Estado ni el Tribunal Supremo encuentran delito alguno en los negocios corruptos de Juan Carlos, aun después de su abdicación. Pero el Tribunal de Cuentas, escudriña hasta debajo de las alfombras para encontrar supuestos desvíos de fondos para financiar el Procés en Catalunya.

Responder

No podemos dar ni un gramo de confianza a este aparato de Estado, baluarte de nuestros enemigos. Denunciamos la hipocresía pestilente de la imposible “división de poderes”  bajo el capitalismo, que sólo busca adormecer la conciencia de la clase trabajadora.

Ante este estado de cosas, las direcciones de Izquierda Unida, Podemos, los sindicatos UGT, CCOO y CGT, los movimientos sociales y la izquierda en general, deberían poner en pie una campaña masiva de agitación contra los atropellos de la casta judicial, llegando al punto de la movilización si fuera necesario, con reivindicaciones tales como: ningún  privilegio para la casta judicial, elección de los altos tribunales por el parlamento por simple mayoría, elección popular de los jueces, generalización del sistema de Jurados, derogación inmediata de la Ley Mordaza, y reforma progresista y democrática del Código Penal.

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